The Doña Elena Project

Portada en Doña Elena ProjectDoña Elena Project fue un proyecto piloto de inmersión en la comunidad que tomó lugar entre los años 1958 a 1963 en el municipio de Comerío. En una publicación especial de la autoría de la profesora Lydia J. Roberts, del Departamento de Economía Doméstica de la Universidad de Puerto Rico, Roberts describe el proyecto cuyo enfoque en primer plano fue la educación y la salud, pero más adelante se dieron cuenta de la importancia de que las comunidades contaran con infraestructura de carreteras, agua potable, servicio sanitario y electricidad. Es decir, a partir de las necesidades que encontraron, el proyecto adquirió dimensiones más complejas que dieron paso a un enfoque más abarcador.[1]  Por ejemplo, Robert detalla que en la comunidad un 92% de las familias no tenían letrinas y que gran parte necesitaba o sustituir sus viviendas y hacerle reparaciones.[2]

La selección de la comunidad en Comerío respondió a las características de la comunidad y las condiciones con que contaba: una comunidad rural, pobre, las personas no eras dueños de la tierra, 100 familias, una escuela y un superintendente interesado en el proyecto, el área cubierta por un hospital regional (Bayamón) y era un área de cultivo de tabaco. El proyecto piloto incluyó la participación de 100 familias que a su vez incluían alrededor de 90 niños. Como parte del proceso de inmersión en las necesidades de la comunidad participaron trabajadores sociales, agrónomos, educadores, salubristas y nutricionistas de la Universidad de Puerto Rico.[3]  Se llevaban a cabo reuniones participativas para integrar a las personas de la comunidad y se involucraron funcionarios del Departamento de Educación como el Superintendente de Escuelas de la región y el Departamento de Salud. Para atender los diferentes aspectos se creó un Comité de Salud con representación de las agencias del gobierno y representación de cada barrio de la comunidad.

Respecto al tema de vivienda, se encontró que gran parte de las casas no eran apropiadas para el número de personas que las habitaban. El 65% de las casas tenía solo una o dos habitaciones. La mayoría de las personas habían comunicado su deseo de mejorar sus viviendas así que como parte del proyecto y a través de la Administración de Programas Sociales se atendieron estas necesidades, ya fuera mediante la construcción de casas nuevas o proveyendo la ayuda necesaria para hacer las reparaciones. La Administración de Programas Sociales tenía dos vías para proyectos de vivienda en las comunidades, uno era un programa para familias que ya contaban con su propia finca y el otro requería que la Administración adquiriera la tierra, la dividiera en lotes y la otorgara a quienes no tenían mediante el Título V de la Ley de Tierras. La agencia ponía el cemento, los materiales y los ingenieros y la familia ponía un pronto y la construcción era comunal. Luego la familia pagaba una mensualidad.

En su informe emitido en el tercer año del proyecto, Roberts destaca que mediante éste se demostró que existía una desvinculación del servicio público con las personas y sus necesidades.[4] También detalla que el proyecto representó un reto respecto la necesidad de fomentar ciertos valores: el trabajo hacia el bien común, las ventajas y retos de vivir más cercanos unos con otros y no de manera aislada, las reuniones institucionales y la educación continua.[5] Como es de esperarse, entre los retos que Roberts destaca están los problemas estructurales de fondo: el proyecto piloto reveló problemas de macro estructura como la falta de ingresos o ingresos muy pobres.[6]

Luego de este proyecto se recomendó replicarlo, pero uno de los señalamientos de Roberts fue que en ese momento en Puerto Rico había unas 250 comunidades “aisladas” sin identificar, con un estimado de 15,000 familias.[7] Se comenzaron proyectos similares en Lares, Ciales, Juana Díaz, Naguabo, Ponce y luego 21 en total. Como parte de los proyectos se establecieron casas para economistas y agrónomos en las comunidades y un “Grupo de Acción” en cada municipio que incluía el gobierno central y el municipal.[8]

Foto en Doña Elena Project

Roberts, página 92, figura 21: “One of the new houses built with the help of the Social Program’s Administration”. Fecha circa 1963

Notas:

[1] Lydia J. Roberts, The Doña Elena Project. A better-living program in an isolated rural community (Río Piedras: University of Puerto Rico, 1963).

[2] Roberts, 41-42; 45.

[3] Roberts, 49.

[4] Roberts, 44.

[5] Roberts, 101.

[6] Roberts, 102-3.

[7] Roberts, 103.

[8] Roberts, 104.

Author: éft

Érika Fontánez Torres es Catedrática en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.