Antes de renunciar a la gobernación, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevárez emitió un veto expreso a la Resolución Conjunta del Senado Núm. 360 que le ordenaba al Departamento de la Vivienda a enmendar el Plan de Acción para la recuperación de Puerto Rico con los fondos federales CDBG-DR. Diversos sectores han cuestionado la versión aprobada del Plan de Acción, entre ellos los residentes del Distrito Especial del Caño Martín Peña ya que paradójicamente, siendo uno de los sectores que más necesita los fondos, según el Plan aprobado, estarían excluidos. La enmienda aprobada por la Legislatura ordenaba una enmienda a los efectos de viabilizar el uso de los fondos CDBG-DR para la construcción, reconstrucción y reparación de viviendas en las comunidades del Caño. En su veto, el Ejecutivo justificó el veto alegando que la resolución era contraria a las normas federales, lo que según el Proyecto ENLACE es incorrecto. ENLACE cursó una carta al Secretario de Vivienda solicitando que se indique la norma federal que prohíbe el uso de CDBG-DR para la construcción y reconstrucción en zonas inundables, en vista de que en los estados de Texas, Florida y en el territorio de las Islas Vírgenes lo permiten con condiciones dispuestas en la regulación federal aplicable.

Para los residentes del Caño, el acceso a estos fondos es esencial para construir la vivienda e infraestructura requerida para visibilizar el dragado del Caño, así como para reducir el riesgo de la comunidad y la ciudad a inundaciones, incluyendo medidas de adaptación a cambio climático. El Proyecto ENLACE, el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña y la organización comunitaria G-8 que agrupa las ocho comunidades del Caño solicitaron una reunión a la gobernadora Wanda Vázquez.