Aspectos estructurales

Desde el año 2005, Puerto Rico es uno de los pocos países en América Latina donde la desigualdad continua en aumento. Para el 2013, según el coeficiente Gini que mide la desigualdad en los ingresos económicos en los países, la isla se encontraba entre los cinco países más desiguales del mundo junto con Sur África, Zambia, Honduras y Lesoto.[1] Para el 2017, Puerto Rico se posicionó como el tercer país con mayor desigualdad en el mundo, solamente superado por Sudáfrica y Zambia. Esto convirtió a Puerto Rico en el lugar más desigual en los continentes americanos y la jurisdicción más desigual dentro de Estados Unidos.

El problema de la tenencia y la titularidad en Puerto Rico está vinculado a muchos factores externos de la sociedad que contribuyen a que cierto grupo de personas continúen en la periferia y sin resolver este problema.[2] Entre los factores externos que afectan el título de propiedad se encuentran: la pobreza, la precariedad, la desigualdad, el clientelismo, la partidocracia, la austeridad, la falta de información y los exuberantes costos de los procesos. A continuación, atenderemos cada uno de estos a través de las entrevistas realizadas y de las historias narradas.

1. La pobreza

La pobreza es definida por la ONU como: “[…] una condición caracterizada por la privación severa de las necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, facilidades sanitarias, salud, vivienda, educación e información. Depende no solo del ingreso, sino también del acceso a los servicios”. (Organización de Naciones Unidas, 1995, p. 97).

Luego del paso del huracán María por la isla, los niveles de pobreza y desigualdad se han exacerbado e Informes señalaron que más de un 50% de la población estaba en riesgo de caer bajo los niveles de pobreza.[3] Sin embargo, las condiciones de pobreza en Puerto Rico ya se conocían. Luego de un estudio de la Encuesta sobre la Comunidad para Puerto Rico, en el 2016 se estipuló que 1.5 millones o 43.5% de las personas de la isla, para ese entonces, vivían bajo los niveles de pobreza.[4] Dicho estudio estipula que las altas tasas de pobreza están ligadas al desempleo y la disminución de ingreso familiar. Se reveló que entre los pueblos más pobres de Puerto Rico se encuentra: Maricao, Guánica, Adjuntas, Comerío, Ciales y Barranquitas.

A lo largo de nuestra investigación notamos cómo muchos de nuestro entrevistados sobrellevaban situaciones sociales que preceden en importancia al problema de la informalidad legal de la titularidad. Por situaciones sociales podemos entender el deber de satisfacer unas necesidades básicas de sobrevivencia como comer, vestir, tener acceso al agua, la luz, a una vivienda digna y demás. Sobre esto nos dijeron: “…pero hay que echar a los hijos pal ante, hay que comprarle materiales, aunque una trabaje en un trabajo promedio es bien difícil, hay necesidades básicas que debemos tenerlas al día para poder resurgir.”[5] Diferentes expertos y profesionales coincidieron la importancia de no acudir a las comunidades preguntando únicamente si la persona tiene título o no, sino que hay que mirar otros factores para ellas prioritarios como servicios esenciales, asistencias básicas sociales o notar si lo que les hace falta primordialmente es reparar su techo.[6]

Aunque la falta de renta no es la única forma en que se manifiesta la pobreza, sí está intrínsecamente atada a la falta de capacidades básicas, pues la renta es un medio importante para poder disfrutar de las capacidades básicas. Estas capacidades son el acceso a: los alimentos, la educación, al agua potable, a la electricidad, entre otros. Todo lo antes mencionado es difícil de obtener si no se cuenta con un ingreso suficiente para poder subsistir en nuestra sociedad. Hablamos con agricultores, pescadores, ganaderos, encargados de la caña, y más. Estos trabajos requieren un gran esfuerzo corporal para llevarlos a cabo de manera eficiente, han representado una importantísima función para el país, sin embargo, no han gozado de buenas condiciones salariales.

Conocimos a Don Orlando, Don Luis, Don Ángel, Don Roberto, Don José y Don Evaristo, todos agricultores que dedicaron su vida a la tierra, en específico a la recolección de café. Su vínculo con la tierra le proveía alimentos y a sus familias, era de la misma siembra de lo que en muchas ocasiones se alimentaban. [7] Este trabajo era también el que les proveía un techo, pues varios de ellos vivían -y la gran mayoría vive aún- como agregados en las fincas. Don Orlando y Don Luis que son hermanos y viven en una finca que su padre fallecido logró comprarle al dueño de la Hacienda de café, le proveyeron a una joven nuera del segundo, un pedazo de la finca para que construyera su casita y pudiera vivir con dos de sus tres hijos, ambos adolescentes. Es madre soltera. Cuando los visitamos pudimos notar su desesperación: a casi un año del Huracán María todavía no tenían electricidad y el agua les llegaba intermitentemente. La joven estaba claramente afectada con la situación.

Otros nos contaron cómo salían a pescar en la noche y regresaban en la madrugada, en ocasiones sin haber pescado nada esa noche y solo con pérdidas en su presupuesto:

“Pues aquí todos eran pescadores, era el único trabajo que se conseguía. Es de lo que pueden sobrevivir. Pescan, lo venden en la pescadería y allá lo venden a otro. No es un sueldo fijo. Puedes tener días buenos y días muertos. Los precios de todo han aumentado. Si llevas $50 de gasto lo que ganas después de esos $50 son tu ganancia.”[8] Alejandrina nos contó que ella acompañaba a su esposo a pescar: “A mí me encantaba. Salíamos un día por la tarde y llegábamos al otro día por la mañana.”[9]

Ahora mismo, estás personas, algunas jubiladas, se encuentran en situación de pobreza y dependen de su ingreso de seguro social. Por ejemplo, Don Ángel recibe trescientos dólares mensuales de seguro social, pero tiene que pagar ciento cincuenta de renta, que le cobra el nuevo dueño de la finca donde vive, más agua y luz. Por su parte, Don Evaristo recibe a penas doscientos treinta cuatro dólares mensuales de seguro social y con eso tiene cubrir sus necesidades básicas diarias. Ha trabajado toda su vida en la agricultura y criando gallos. Trabajaba en la finca recogiendo café, guineo y chinas, así como regando abono. Comenzó a trabajar en la agricultura desde los 16 años. Para entonces se ganaba un dólar con cuarenta y cuatro centavos por ocho horas de trabajo. Lo último que llegó a ganar Don Evaristo trabajando fueron quince dólares al día.

Don Hipólito, por su parte, comenzó a trabajar en la caña a los doce años, pero a los catorce años se convirtió en pescador. Durante los meses en que la pesca “estaba bajita”, Hipólito trabajaba en la caña. Trabaja veinte quintales por cincuenta centavos, para un total de quince dólares semanales. A los catorce años, el dueño de una embarcación se lo llevó como ayudante.  Continúo aprendiendo hasta que se convirtió en capitán. Consiguió un bote por doscientos dólares y trabajó como pescador hasta el 1950 cuando se cansó de la pesca y se fue para Estados Unidos por más de dos años, aún sin saber inglés. Allá fue a trabajar a una fábrica de zapatos y cucharas. También trabajó con una compañía de aviación como “lava platos”.[10] Decidió regresar a Puerto Rico y a la pesca hasta que por problemas del corazón se retiró. Actualmente, su ingreso es el seguro social.

También conversamos con Doña Conchita, una mujer de 96 años residente del Caño Martín Peña que nos narró su trayectoria dentro del mundo laboral. Luego de varios años de haber estudiado, consiguió trabajo como secretaria en una compañía norteamericana, de la cual fue parte por 16 años, devengando un salario desde cinco dólares semanales al principio, hasta cincuenta dólares semanales para cuando dejó de trabajar allí. La razón de su renuncia al trabajo fue que tuvo problemas familiares con su esposo que la llevaron a divorciarse, y tuvo que hacerse cargo de sus 2 hijos pequeños por sí sola. Por tanto, comenzó a trabajar desde su hogar “en cualquier cosa que pudiese hacer en la casa”, vendió lo poco que tenía que no fuera necesario para obtener más dinero para sustentar a su familia. Al tiempo, solicitó un permiso al gobierno para vender lotería.

Otra residente del Caño Martín Peña, Ana Lydia, nos contó cómo criaba cerdos para lograr aportar al sustento de su familia:

“Entonces teníamos una parte (en la casa) que era de criar puercos y gallinas. Los cerdos eran para comprar la ropa de navidad. Mi esposo trabajaba en mantecados Payco y él se iba por la mañana y yo me quedaba, llevaba mis niños a la escuela y viraba y echaba comida a los cerdos. A veces teníamos 4 cerdos y, nada buscaba un señor que se dedicaba a matarlo, y yo tenía mesas preparadas y todo y un baño y ahí poníamos la madera abajo y piedra y hacíamos el fogón y lo mataban y yo lo picaba. Con ese dinero se compraba la ropa de mis hijos de la escuela, porque con lo que el ganaba no daba.”

No faltó una residencia de las que visitamos en la que los residentes trabajaban y habían trabajado arduamente toda su vida y, sin embargo, toda una trayectoria de trabajo duro no les ha bastado para tener lo esencial hoy día.

Además, el bajo nivel de escolaridad parece ser un factor recurrente entre las comunidades que visitamos. En ocasiones, las personas nunca llegaron a ir a la escuela o apenas obtuvieron un diploma de escuela superior.  Don Evaristo en la montaña nos dijo: “No sé coger ni un lápiz. Me crié solo. El viejo no me quiso poner en la escuela. Yo me dedicaba a jugar y me creía que los días no iban a pasar. Y de momento estas hecho un vegetal que no vale na’.”  

La falta de acceso a la educación se acrecienta en Puerto Rico tras situaciones como el cierre de escuelas alrededor de toda la isla. En una comunidad en el noreste nos indicaron que los niños y adolescentes

“tienen que caminar (a la escuela de otro sector)… a ver si los van a aceptar, primero los de allá, luego si hay espacio, si no, tienen que buscar en otros municipios… hay discrimen… primero prioridad a los de allá…”[11]

Luis, de esa comunidad resaltó con lágrimas en los ojos lo duro que se le hace la cotidianeidad, lo mucho que trabajan a diario, lo fuerte de su autogestión y que aún así no logran vivir adecuadamente. Según nos contó, no importaba cuán duro se esforzaban, eran vistos como “invasores” y como tal los discriminaban en todos los espacios y agencias.

La educación tiene relación directa con la pobreza, pues el Informe sobre Desarrollo Humano de Puerto Rico indica que el completar un bachillerato lleva a mayores ingresos.[12]

Por su parte, la licenciada Sarah Delgado explicó que:

“Algo que encontré en las comunidades, lo principal, es el nivel de educación en Puerto Rico. Por eso me opongo al cierre de escuelas. Aquí hay que abrir escuelas, hacer las escuelas más accesibles. Porque la falta de educación yo estoy segura de que es un factor en todo esto. Las personas desconocen que es lo que tienen que hacer.”

Sobre esto el planificador David Carrasquillo explica que las comunidades que cerraron escuelas están en mayor susceptibilidad, ya que la escuela servía de mucho más que una escuela, pues estas fungían como refugios, sitios de reuniones, vacunaciones, servicios y baños para personas sin hogar. La falta de este tipo de servicio, “suman a la narrativa de que estos lugares son inseguros y que estas comunidades no están aptas para que la gente viva allí”.

En medio de la pobreza y la falta de acceso a necesidades básicas las comunidades y los individuos que se enfrentan a ello no pierden la esperanza y el ímpetu para luchar y conseguir lo suyo.   “Estamos buscando manos amigas que nos ayuden porque lo necesitamos de verdad.”[13]

2. La precariedad

La falta de titularidad significa precariedad y ubica a las personas en un estado de incertidumbre e inestabilidad ante eventos atmosféricos, el gobierno, y otros factores externos. El no tener tenencia segura les dificulta el acceso a servicios básicos como la electricidad, el agua, entre otros. Pero a la vez, no logran formalizar su tenencia por los altos costos o por lo difícil del proceso.

Además, luego del paso del huracán María muchos puertorriqueños se encontraron sin acceso a las ayudas federales de FEMA, pues no les aceptaron la prueba de su tenencia y les requirieron títulos de propiedad formal.

“…Es importante porque ahora mismo no tengo nada seguro… no tengo un papel que me diga, esto es de Laura Vélez… he aplicado a FEMA y me ha dado ayuda, pero para cosas interiores, para alquilar vivienda…porque se fueron las planchas de zinc y no puedo vivir ahí con mis hijos…pero lo que necesitaba era tener mi casa segura, tirar cemento… pero como no tengo un papel, una escritura, una evidencia…le he enviado afidávit, cuchocientos papeles, he apelado más de una vez, pero me han denegado.”[14]

 Esto provoca que las personas cuyos hogares fueron afectados no puedan reconstruir sus casas y asegurar un hogar debido. Aún reconociendo la importancia de poseer un título formal, algunos plantean que este tipo de tenencia podría traer consigo otros problemas para las comunidades más vulnerables. La licenciada Verónica González nos explicó que:

“Tener título o no tenerlo no hace ninguna diferencia en cuanto a la permanencia de esa comunidad. Podría crear algún tipo de diferente en la posibilidad que esas personas puedan no quedar completamente desprovistas por la justa compensación. En comunidades sin título lo que viene es un proceso de desahucio, se van con lo que tengan puesto. Un proceso de expropiación por lo menos hay una ilusión de que hay una justa compensación. Justa compensación que no está definida en ningún sitio, que, si tienen una hipoteca, el banco cobra primero. Yo vi en Vietnam cheques de justa compensación de $5,000. Eso no le va a conseguir a nadie una vivienda, por lo menos no un título sobre una vivienda. Ante un poder como ese el titulo no hace mucha diferencia.”

3. La desigualdad

La desigualdad parece estar íntimamente atada a la situación de vivienda de las personas. “En Puerto Rico las personas que viven bajo nivel de pobreza se encuentran ubicados principalmente en tres tipos de comunidad: los residenciales públicos, las comunidades tipo barriadas y los arrabales”.[15] También, el área geográfica es una variable y así lo presenta dicho informe cuando advierte que: “en 30 municipios de Puerto Rico el 50% o más de las familias viven bajo el nivel de pobreza, con el panorama más crítico en las zonas montañosas del centro y el Oeste, y en algunos pueblos del Sur”.[16]

Gran parte de quienes enfrentan el problema de titularidad son sectores pobres y su situación económica los coloca en una desventaja donde les arropa la desigualdad y el discrimen. Este discrimen va desde los tribunales hasta el gobierno federal. La licenciada Verónica González indicó que prefiere evitar el litigio tradicional:

“Las comunidades pobres en Puerto Rico van al tribunal a perder…No tienen acceso a abogados, o tienen abogados gratuitos que por su gran inventario no pueden dedicar los recursos necesarios…Puede requerir peritaje y no hay fondos para peritaje…Un sistema que no está pensado para sus necesidades…Tienen que bregar con los prejuicios de la otra parte, del juez, de quien es pobre, como se actúan las personas pobres… Las comunidades no tienen para pagar… Una carga económica que mis clientes no pueden aguantar”.

Dichas comunidades pobres se enfrentan al discrimen por la sola connotación que carga cualquier otra designación que no sea la “urbanización”. Este término se asocia con la clase media del país que responde a un buen ingreso. Todo esto, explica el planificador David Carrasquillo:

“dificulta el entendimiento de la realidad, ya que por otro lado los denominados sectores o barrios corresponden a discrimen, racismo, xenofobia, etc. Es un reto asignarle un nombre en un documento oficial, cuando ese nombre despectivo, es incluso parte de la identidad de la comunidad. El sistema se auto protege para que no haya acceso a ciertas personas a vivienda en la ciudad. Toda esa gente queda segregada de acceso a la transportación pública, acceso a la salud. Todo eso tiene que ver con la identidad puertorriqueña que se quiere promocionar, se crean barreras entre la oferta de vivienda y el ingreso de la gente”

Las mismas comunidades sufren y sienten el trato desigual que se les brinda por simplemente ser pobres y las personas entrevistadas están muy conscientes de lo que perciben como un claro trato desigual:

“… (en) las costas fue devastador, se inundó donde nunca nosotros nos hemos inundado, pero cuantas veces se ha inundado el área metropolitana y nosotros sequecitos”, explicó una residente del Oeste señalando que muchas urbanizaciones localizadas en áreas inundables no son propensas a situaciones como expropiaciones, pues sus residentes tienen un alto poder adquisitivo.

En la misma línea se expresó Mario Núñez, uno de los líderes de las comunidades del Caño Martín Peña:    

“Tan cerca de nosotros, se inunda Ocean Park, es responsabilidad del estado estatal o municipal de poner unas bombas para evitar inundaciones, ¿vas a sacar Ocean Park? No hablas de eso porque son media alta o rica, pero no he escuchado remover Ocean Park … están en zonas inundables, en zonas costeras, hoteles, urbanizaciones en zmt, en zonas inundables y yo no veo que el estado diga, los voy a sacar de su área, pero otros sí, ¿Por qué? ¿Porque son pobres? Eso es un discrimen a los que tienen poder adquisitivo les tengo que proveer… busca la manera para hacer de esas comunidades más residentes… porque los tiene que desplazar y si los haces, dale herramientas, provee condiciones, dale herramientas para que su vulnerabilidad sea menos, eso es lo que tienen, lo que han hecho toda su vida… moverlo de ahí es destetarlos…. ¡Cuanta gente la mueves y al año se te mueren por su sentido de pertenencia!”.

De las entrevistas con los profesionales y a partir de su experiencia, podemos ver que no solo son los tribunales y los mismos entendidos sociales, sino que también el gobierno, tanto estatal como federal, es parte del trato desigual hacia algunos sectores. La licenciada Gabriela Camacho sobre FEMA indicó que:

No veo realmente cómo que hay intención real de parte de FEMA en resolver el asunto, porque tenemos casi tres cuartas partes de la isla clasificadas como “squatters” y ellos no dan ayuda a “squatters”. Tenemos gente que tienen títulos de propiedad, pero donde está su propiedad es una comunidad de “squatters” y no los quieren ayudar. Si no se formaliza, si con un evento tan catastrófico como el de María están tan estrictos con los documentos, esto va a ir de mal en peor. ¡Esto urge!”

Además de esto, según la licenciada, algunas de estas comunidades experimentaron discrimen racial durante el proceso de inspección de FEMA por parte de algunos funcionarios que venían de Estados Unidos.

Por su parte, en otro municipio del noreste nos ilustraron cómo la comunidad es discriminada por el gobierno local tras no recibir los servicios esenciales ni ser atendidos sus derechos:

“La administración (municipal)… (invito a) que vean la necesidad de lo que se vive aquí día a día… usan las comunidades… si dijeran, vamos al Capitolio, todos se unían, pero si el alcalde, la que te representa…. pero el ciudadano no puede hablar… aquí vienen de Estados Unidos, pero nunca van a ver al que vive aquí que es quien está sufriendo el día a día, pero no, al alcalde… quien debe hablar por nosotros no habla… no se ve el trabajo y ¡pueden, tienen los recursos!… pero ahora mismo compramos asfalto frío… allá una avenida buena la están embreando…

Nos acostumbramos a sobrevivir, no estamos pendiente ni a Acueductos ni a la Autoridad. Sabemos que tenemos que arreglarlo nosotros… no estamos esperando, porque sabemos que nos van a dejar en el limbo… a cualquier urbanización tienen que esperar, pero aquí lo hacemos nosotros mismo, lo que otros no se atreven a hacer…”

Como la comunidad es una llamada “informal”, no consta en las agencias y, por lo tanto, para cada necesidad o servicio se le requiere una carta del Municipio que acredite que la persona vive en el lugar. Sobre esas cartas explicó:

“no hay dirección que pruebe que vives ahí, por el discriminen que se vive, entonces el municipio hizo esas cartas para probar que tú vives ahí, porque antes no tenías ni una prueba…ya llevan años… a veces no son válidas en muchos sitios… se usan para el teléfono, obras públicas, recibo de agua y luz son valiosos y los piden…”

Las cartas lo que identifican es la calle y la casa.

Por su parte, el arquitecto Federico del Monte entiende que el enfoque de cualquier programa que desee ayudar a las comunidades, al igual que los mismos programas gubernamentales, deben ver a estas comunidades en su conjunto, su enfoque debe de ser comunitario. El criterio, dice, no puede ser exclusivamente la titularidad porque la realidad es que la gente necesita un lugar seguro donde vivir. Para que sean más efectivos, los programas deben considerar el perfil socioeconómico de la familia y de la comunidad a base de su composición, ingresos y población.

Sobre las distinciones socioeconómicas, la licenciada Verónica González nos comentó un aspecto interesante en el sentido de que solo en las comunidades desaventajadas y pobres es que se plantea la pregunta por la forma en que se va a asumir la tenencia:

“¿Por qué tenemos los pobres que hablar de propiedad colectiva si a la gente rica nadie le dice eso?”, le cuestionó una clienta. Sobre esto, la licenciada dijo:

“Para mi es más importante la estabilidad de las comunidades y los diferentes esquemas no van a funcionar en todas las comunidades. Un reclamo de las comunidades es: ¿por qué tenemos los pobres que hablar de propiedad colectiva si a la gente rica nadie le dice eso? Eso me ha parado y creo que la razón práctica es por la vulnerabilidad que enfrenta. Pero resulta curiosos que estamos pensando en formas alternativas para personas que tiene poco y no para personas que tienen mucho. ¿Por qué la gente pobre no puede tener título sobre su casa? La voz de esa señora la tengo presente.”

4. El clientelismo, la partidocracia y políticas públicas

 El clientelismo político no es otra cosa que un intercambio extraoficial de favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral. Cada cuatro años las comunidades se enfrentan a posibles cambios estructurales que les afecten positiva o negativamente. La licenciada Gabriela Camacho hace un llamado a la estabilidad:

“En términos de política pública tiene que haber más consistencia. Porque las promesas de que le van a dar el titulo lamentablemente cambian cada cuatro años. Y las promesas tienden a llegar en temporada de elecciones.”

Sobre esto mismo Mario Núñez del Caño Martín Peña indica que:

“Los vaivenes y cambios políticos vimos como todas las administraciones daban el título a militantes del partido por lo que una calle hay una o dos con título otras no por el partido… esa regularización fue política y discriminatoria porque no fue uniforme para todos sino selectivas, en todas las administraciones. …[E]l clientelismo, darle título hay siempre un clientelismo político en estos procesos… es más que todo como lograr el favor de la gente para revalidar, pero es una decisión de cada individuo.

 No se trata tampoco de un asunto exclusivamente contemporáneo. Se trata de un asunto ampliamente discutido en la literatura histórica y antropológica en Puerto Rico.[17] Pero lo escuchamos de primera mano. Dos de los entrevistados en Maricao nos narraron ejemplos de que el proceso de entrega de parcelas en usufructo, discriminaban contra los que no fueran activos en el partido en el poder. Aunque estas costumbres pueden crear una inestabilidad que afecta la tenencia, lo cierto es que se produce una paradoja pues las personas necesitadas le dan la bienvenida ante la falta de otros medios para satisfacer sus necesidades básicas. sectores que lo necesitan. En un municipio de la montaña, un entrevistado muy agradecido nos contó que el gobierno de Luis A. Ferré le otorgó la escritura de su casa por un dólar. Sobre Ferré indicó que: “era buena gente, pero perdió rápido. Era buen gobernador porque mandaba a fumigar las casas y les ponía un numerito a las casas.” En otro municipio, esta vez del suroeste, nos narraron  su percepción de que los gobiernos de Rafael Hernández Colón y Sila María Calderón les facilitaron mucha ayuda a los pescadores, por ejemplo, les daban dinero para que compraran los motores para sus embarcaciones.

Por otra parte, Ana Lydia, residente del Caño nos reveló cómo la partidocracia estaba inmersa en estos procesos. Explicó:

“Yo nunca cogí el mantengo. Yo creo que era porque yo tenía muchos hijos y no me, no podía dejarlos o irme para esos sitios o era que ay yo no sé… Había una vez que pedimos porque daban troces de tierra. Para ese tiempo era el Partido Popular. Yo pienso siempre que el Partido Popular ha sido bien ingrato. Nosotros pedíamos troces y nos preguntaban y para qué partido y yo decía “de ninguno”. Pero mi papá y mi mamá eran liberales y entonces porque ellos eran de ese partido no les daban nada y entonces pues a mí tampoco me daban porque yo era hija de la gente que eran del Partido Liberal.”

5. La austeridad

La situación económica del país abona a la dificultad de obtener título, pues obstaculiza los procesos haciéndolos más largos y menos accesibles a las personas. Según el arquitecto, Federico del Monte, el Departamento de la Vivienda es uno de los departamentos que desde la década de 1970 debe haber perdido una mayoría de sus empleados, ya sea porque se han jubilado o retirado y no se han nombrado más plazas. Esa pérdida de personal ha hecho que esos programas que antes eran más activos casi dependan de que la persona venga a pedir el título. Actualmente, el Departamento de Vivienda no cuenta con agrimensores ni con dinero suficiente para los distintos programas sociales. Indica del Monte que esto provoca mucha incertidumbre con relación a la operación de los diversos programas. Al presente, no hay ningún programa local para atajar ninguno de los programas de vivienda: rehabilitación o titularidad. Los programas locales han desaparecido.

Por su parte, la licenciada María Jiménez recalcó que las dimensiones de tipo estructural hacen los procesos sean inefectivos y desconfiables.

“Si pudiéramos diseñar hay que empezar desde arriba, no puedes descuidar a los que tienen el problema abajo pero ese problema va a ser recurrente en la medida en que el problema estructural siga, estamos con una necesidad apremiante, sin recursos y a donde ponemos los recursos arriba (para resolver el problema estructural) o a las necesidades individuales (don José o doña María)… nuestro ejército es bien limitado y con cada vez menos recursos… ejemplo, la Universidad, ¿con qué recursos cuenta la clínica? Tengo que buscar afuera y eso tiene otras complicaciones. Nos podemos dirigir a identificar el problema, no le gusta a la gente hacer estudios… son problemas estructurales que depende en gran medida del aparato gubernamental, no encuentro donde ir a pedir que lo resolvamos, una opción es fondos CDBG-DR que vienen, se van a usar para eso tengo mis serias dudas.”

Evidentemente la falta de recursos y/o buena administración de estos dificulta los procesos aún más. Esto, solamente desde el punto de vista de los procesos gubernamentales porque como vimos, desde el punto de vista de los servicios esenciales y necesidades que las personas tienen, es evidente que las políticas de austeridad han agravado la situación par a la mayoría de las personas que enfrentan a su vez el problema de falta de tenencia segura o titularidad.

6. La falta de información

Entre los expertos y expertas hay un consenso de que las personas desconocen los complicados procesos legales por los que tienen que pasar para obtener su título u otorgarlo formalmente. Como señaló Federico del Monte:

“Muchos de estos procesos tampoco se finalizaban, ya fuera por los cambios de Gobierno, o por desinformación, en este sentido, muchos entendían que el titulo no era necesario de acuerdo con su realidad cotidiana o desconocían qué les faltaba para adquirir el título.”

Las personas no conocen la importancia de preservar ciertos documentos, se han tenido que mudar o han enfrentado circunstancias como inundaciones que les han hecho perderlos. Tampoco cuentan con teléfonos con cámara, computadora o Internet. A esto se le suman problemas de discrepancias en nombres, apellidos, ascendientes, por ejemplo.

La licenciada Camacho entiende que el problema con estos procesos es que no todos tienen los recursos ni la información. Existe mucho desconocimiento y falta de adecuada orientación. Esto se debe, en parte, a la falta de abogados en estas áreas. En síntesis, los problemas incluyen la falta de conocimiento de los procesos y la falta de recursos.

“¿Cuanta información hay clara oficial de a quienes pertenecen los terrenos? ¿Existe algún mapa, plano, documento, algo que me dé una idea, aunque sea por zona, de qué terrenos pertenecen a la agencia? No existen. Los mismos municipios no saben qué les pertenece y qué no. […] Ni las mismas agencias muchas veces.”

Como solución a estos problemas una residente del Caño Martín Peña recomienda que las comunidades se unan y trabajen en conjunto para entender y lograr resolver las diversas situaciones.

“Que se unan. Hagan comités y breguen y traen de salir hacia adelante. Es importante reunirse, estar pendiente. Si esto no ha dado para adelante es por nosotros mismos somos bien vagos y no vamos a las reuniones. La gente por aquí (que) no quieren el fideicomiso de la tierra para mí es que no lo entienden, pero si no lo entiendes, ve a un sitio para que te lo expliquen. Las dudas que tienes te las aclaran. Y (si) con todo y eso no lo quieres, pues está bien, pero ve para que te instruyas y sepas.”

Poseer el conocimiento y entendimiento sobre los diferentes aspectos de los procesos significa un avance y podría ser el primer paso para trabajar hacia la tenencia segura.

La licenciada Sarah Delgado entiende que se debe hace una campaña de titularidad para instruir a la gente y que sepan que obtener el título puede ser una herramienta para mejorar su situación de vida.

“Entonces es muy importante que se haga campaña de titularidad para que la gente sepa que es una herramienta para salir de la pobreza…, pero hay mucho desconocimiento y falta de educación… mucho analfabetismo y les causa miedo, porque no saben leer y escribir… a veces nos damos cuenta en el acto del otorgamiento.”

 El temor sobre lo desconocido también es un factor que influye y en muchas ocasiones impide actuar.

7. Los costos de los procesos

Los altos costos de los procesos presentan un problema de acceso para las comunidades y las personas de escasos recursos. Quienes no tienen los recursos económicos no tienen acceso a la formalización o se les hace extremadamente difícil. Los procesos necesarios varían según la circunstancia de cada individuo con la propiedad. El arquitecto del Monte relata el vínculo entre el problema de las declaratorias de herederos con la falta de recursos y representación legal :

“las declaratorias de herederos son un problema común, ya que la gente usualmente no tiene los recursos para afrontar los gastos legales o la localización de familiares. Para legalizar se tiene que pasar por un proceso de segregación, contratación de agrimensores y radicación de casos en la Oficina de Permisos. Esto, por supuesto, requiere dinero y, en este sentido, limita a la gente de continuar con los procesos.”

La licencia Verónica González nos dio una vista panorámica sobre el proceso y los costos de una declaratoria de herederos:

“Si no fuera por el hecho de que los procesos legales son costosos, difíciles y tedioso. Porque cuando muere un familiar cercano lo último que uno quiere pensar es la división de los bienes especialmente si no es algo que te va a afectar directamente. Especialmente, cuando, quizás, ya vivían la casa o ya tenían un acuerdo entre ellos… Si es el proceso judicial (para una declaratoria de herederos), presentar la demanda son $85. Tiene que ir jurado, vas a necesitar pagarle a un notario $30 o $40 para que lo juramente. Con ese escrito tienes que incluir: certificado de defunción que cuesta $10, certificados de nacimiento de todos los hijos que esa persona tenga que son $5 cada uno. Incluso pro se, suma a $150. Y eso sin entrar a que entienda qué es lo que se supone que tenga que hacer, cuáles son los documentos que tienen que presentar y cómo presentarlos. La otra opción: es un notario directamente: ventaja de que es más rápido y privado, pero te puede costar entre $300 y $500. Contratar a un abogado que haga el proceso: Esta en $500 y $600 en lo bajo, adicional a los gastos. El tiempo depende del calendario del tribunal, pero especialmente ahora, si tiene abogado, con Sumac está bajando bastante rápido. En un mes debe tener la resolución.”

El licenciado Rafael Rodríguez Moctezuma de Servicios Legales también nos detalló cuánto cuesta aproximadamente un recurso de expediente de dominio y cómo los costos y estas situaciones tocan especialmente a las personas de escasos recursos: 

“Miles de dólares y como regla general la gente que tiene capacidad económica, la gente que tiene dinero, no se involucra en esas propiedades que no tienen titularidad… buscas lo que entra en el comercio, casi siempre son los pobres que no tienen para pagar mensura, planos, para poder evidenciar tu derecho como titular y esas son cosas que hay que considerar desde aspecto legislativo porque de lo que estamos hablando es de la realidad con la que el gobierno estatal ha tenido que bregar con este asunto de María porque la ayuda de FEMA es realmente limitada… Hay que inventar porque nuestros clientes no tienen las alternativas que otros.”

Luz Santiago de una comunidad del Noreste ha experimentado esto de primera mano:

“Es bien cuesta arriba la documentación, buscar documentos, hay que estar bien económicamente para hacerlo, buscar quien mida, es cuesta arriba… mi tía lo ha intentado…No tengo mucho conocimiento del proceso, pero me imagino (cambios que recomendaría) que la economía porque si tengo que pagar, ahí va a estar el problema”.

Por su parte, Matilde, residente del centro de la isla también hizo hincapié en que no tendría recursos para pagar:

“Es muy costoso. Ahora mismo una escritura te sale por dos mil o tres mil pesos y ahora yo no tengo los recursos para ir a donde un abogado para que me la haga. Estos procesos requieren mucho. Si una persona amerita una ayuda, que se la den.”

Otra participante del centro de la isla nos contó su experiencia intentando conseguir su título formal y que se le hizo imposible por no contar con el dinero.

“No lo tengo (el título) porque cuando mi papá procede a hacer la escritura de donación, cuando vamos al abogado notario y hacemos todo lo pertinente, la licenciada me pide tres mil dólares y yo no los tenía. Tenía que terminar de habilitar la casita o sacar los tres mil dólares y se los daba a la licenciada y no tenía donde vivir.”

Según la licenciada Gabriela Camacho, un expediente de dominio cuesta, al menos, cinco mil dólares.

“El problema mayor con los expedientes de dominio es que, aun si el abogado lo hace probono, requiere de otras intervenciones que hay que pagarles. Requiere de agrimensores, requiere de notificaciones a todas las agencias que puedan estar interesadas, requiere mensuras, requiere tasaciones. Requiere tantas cosas que van más allá de los honorarios de abogados, que son sumamente costosos.”

Añade que los procesos en los tribunales demoran demasiado. Esto, en parte, por los recortes, el desastre posterior a María y el atraso monumental del Registro de la Propiedad. Procesos que podían tardar tres meses, ahora tardan un año.

(EN CONSTRUCCION)

Notas:

[1] «El alto nivel de la pobreza en la isla se conocía antes de María», El Nuevo Día, 4 de septiembre de 2018, http://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/elaltoniveldelapobrezaenlaislaseconociaantesdemaria-2445090/; «Informe Desarrollo Humano Puerto Rico 2016» (San Juan, P.R.: Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, 2018), 185-86.

[2] Resilient Advisory Commission, «ReImagina Puerto Rico. Informe Sectorial de Vivienda», 2018.

[3] Ayeza Díaz Rolón VOCERO EL, «Mitad de la población caería en niveles de pobreza tras huracán», El Vocero de Puerto Rico, accedido 9 de abril de 2019, https://www.elvocero.com/economia/mitad-de-la-poblaci-n-caer-a-en-niveles-de/article_a4bffa48-e5b6-11e7-bbb0-831e57706d79.html.

[4] «El alto nivel de la pobreza en la isla se conocía antes de María | El Nuevo Día», accedido 9 de abril de 2019, https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/elaltoniveldelapobrezaenlaislaseconociaantesdemaria-2445090/.

[5] Laura Velez, residente del noreste de Puerto Rico.

[6] …Ver cuál es la prioridad en muchos de los casos, si es una escritura de derecho de superficie o es que el techo se te está cayendo… o es que necesitas unas asistencias básicas, sociales y entonces cuánto tiempo vamos a esperar por una escritura de derecho de superficie versus otras prioridades en tu vida… así que es un reto bien grande teniendo en cuenta la naturaleza de nuestras comunidades del Caño y que va a depender de muchos factores”- Frances Fuentes, trabajadora social del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña

[7] María Caraballo, residente en el centro de Puerto Rico.

[8] Alejandrina Ortiz, residente del suroeste de Puerto Rico.

[9] Alejandrina Ortíz.

[10] El ir por un tiempo a Estados Unidos trabajar era una práctica bastante común y recurrente entre nuestros entrevistados.

[11] Luis Calderón, residente del noreste de Puerto Rico

[12] «En 30 municipios el 50% o más de las familias viven bajo el nivel de pobreza», accedido 9 de abril de 2019, https://www.primerahora.com/noticias/puerto-rico/nota/en30municipiosel50omasdelasfamiliasvivenbajoelniveldepobreza-1282421/.

[13] Silvia Lugo, residente del oeste de Puerto Rico.

[14] Laura Velez, residente en el noreste de Puerto Rico.

[15] «Informe Desarrollo Humano Puerto Rico 2016», 209.

[16] «En 30 municipios el 50% o más de las familias viven bajo el nivel de pobreza».

[17] Helen Icken Safa, Familias del arrabal : un estudio sobre desarrollo y desigualdad, 1. ed. (Río Piedras, P.B.: Editorial Universitaria, Universidad de Puerto Rico, 1980); Rafael L. Ramírez, El arrabal y la política (Río Piedras: Editorial Universitaria, Universidad de Puerto Rico, 1977).