El tiempo y los costos del proceso fue un señalamiento recurrente en las comunidades y muchos han sido diligentes en intentar, aún así, se les ha hecho cuesta arriba:

“Es bien cuesta arriba la documentación, buscar documentos, hay que estar bien económicamente para hacerlo, buscar quien mida, es cuesta arriba… mi tía lo ha intentado”

  -Luz Santiago (seudónimo), líder comunitaria de comunidad en el noreste del país

Una joven de 29 años entrevistada en el Este de Puerto Rico comentó sobre el proceso de segregación que había comenzado sin ayuda, con el objetivo de regularizar las propiedades independientes de familiares construidas en una misma finca:

“(Desde el 2013) se sometió todo con el abogado y al Registro, pero no he recibido contestación de la primera segregación de mi mamá y mis tíos. Comenzamos la segregación de mi hermana y la de mi parte, pero hasta que no salga la de mi mamá no podemos seguir con el proceso. Uno hace las cosas correctamente como dice la ley, pero no hay una retroalimentación de la otra parte. Eso frustra mucho porque hay muchas cosas que yo hubiera hecho sin tener que esperar tanto tiempo. He tenido que trabajar durante 8 años, reuniendo dinero y poco a poco construir la casa. Son procesos que cuando uno necesita que le resuelvan, uno hace las cosas lo más responsables posible, pero no… Para María, solicité las ayudas de FEMA, pero me dijeron que no porque estaba en segregación y no tenía título todavía. Uno hace las cosas bien y no tiene ayuda.”

-Yanitza Gómez, (seudónimo), joven del Este de Puerto Rico

El ejemplo de Diana Sánchez, residente de Guayama a quien su padre le hizo una donación del terreno donde enclava su casa es un ejemplo de que los costos de la formalización hacen que las personas en ocasiones tengan que escoger entre formalizar o sobrevivir el día a día:

No lo tengo (el título) porque cuando mi papá procede a hacer la escritura de donación, cuando vamos al abogado notario y hacemos todo lo pertinente, la licenciada me pide tres mil dólares y yo no los tenía. Tenia que terminar de habilitar la casita o sacar los tres mil dólares y se los daba a la licenciada y no tenía donde vivir.

Diana Sánchez, residente de Guayama

Ivette González y Rafael Pérez son un matrimonio de Adjuntas. Ambos viven en su barrio hace aproximadamente 74 años. Viven en una parcela que perteneció al padre de Rafael, por lo que éste la heredó. Según señalaron en la entrevista tienen problemas para adquirir el título de propiedad porque Farmers Home Administration le subvencionó la remodelación de su casa en cemento pero tienen una deuda de más de $15,000 que alegan el gobierno se había comprometido en liquidar. Han intentado buscar ayuda para que esa deuda sea cancelada y poder adquirir su título.

(en construcción, pronto subiremos más testimonios)