Línea del Tiempo

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(OJO: En construcción)

La línea del tiempo

Como parte de esta investigación intentamos trazar un panorama amplio sobre las políticas públicas relacionadas al tema de la tenencia de vivienda y la titularidad o propiedad. Como es de entenderse se trata de prácticamente un siglo en el que transcurrieron cambios de políticas públicas con la complicación adicional de que en este tema -como en tantos otros- convergen normas y políticas locales y federales. No obstante, hemos hecho un recuento general y aludimos a otros trabajos que discuten más detalladamente el tema por etapas. Al final, en las referencias pueden acceder a esos trabajos.

—-1915————

Comisión de Hogares Seguros 

La Ley Núm. 35 de 11 de marzo de 1915, creó la Comisión de Hogares Seguros. La Comisión regulaba la venta de terrenos a obreros para fines de vivienda y labranza.  Fue derogada por la Ley Núm. 53 de 11 julio 1921. En 1929, el nombrado gobernador Theodore Roosevelt Jr., reforzó la Comisión. Posteriormente, mediante la Ley Núm. 4 de 1931 se autorizó al Tesorero del gobierno a emitir bonos de hasta $500,000 para ese propósito.

—-1921————

Ley de Hogares Seguros

            En 1921 se aprueba la Ley Núm. 53 de 11 de julio de 1921, conocida como la Ley de Hogares Seguros que ordenaba al Comisionado del Interior  a seleccionar y construir en terrenos del Estados viviendas para obreros, artesanos y otros trabajadores “así como a empleados públicos del Gobierno Insular”. Es bajo esta ley que se crean los barrios obreros y se establecen ciertas guías urbanas.[1] Según Luz Marie Rodríguez también al amparo de esta ley se construyen viviendas unifamiliares que habitaron personas que fueron desplazadas de “arrabales” como Salsipuedes, Hoyo Frío y Gandulito.[2] Rodríguez identifica la construcción de viviendas para 460 familias en Barrio Obrero y para 1935 la construcción de 1,246 viviendas.[3] Según la autora el proyecto resultó ineficiente para los desplazados pues la nueva ubicación complicaba su acceso a los centros de empleo, razón por la que muchos revendieron a personas que no cualificaban para el subsidio.[4]

Programa de Granjas de Hogares Seguros 

La Ley Núm. 76 de 20 de julio de 1921 ordenó al Comisionado del Interior a adquirir terrenos propiedad particular para granjas agrícolas bajo la Ley de Hogares Seguros. El Programa de Granjas de Hogares Seguros fue subsumido en 1948 como parte del programa del Título VI de la Ley de Tierras.

——1920—–1950———-

Las cooperativas

“El modelo cooperativo de vivienda en Puerto Rico ha tenido una gran importancia en la vida de muchos ciudadanos que pudieron adquirir una residencia digna en momentos de necesidad”.

Grisell Reyes Nuñez, «La cooperativa de vivienda», Revista Entorno. Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico Año 7, n.o Volúmen 2 (2012): 61

Aunque aparentemente es poca la información sobre los esfuerzos de organización cooperativa antes de 1920, en Puerto Rico pueden identificarse organizaciones cooperativas para fines agrícolas y de socorro mutuo desde finales del siglo XIX. Según Nelly Díaz Adorno, Eugenio María de Hostos, Rosendo Matienzo Cintrón y José Celso Barbosa en las postrimerías de ese siglo discutían los beneficios del cooperativismo.[5] Las primeras cooperativas identificadas en la década de 1920 fueron cooperativas de consumidores y productores, de estas se destacan la de cafetaleros en 1928 y posteriormente los tabacaleros que se organizaron como una cooperativa de mercadeo.[6] Un estudio de 1943 demostró que desde la década de 1920 hasta entonces se habían registrado al menos 138 cooperativas de las cuales.[7] Asimismo, Díaz Adorno recuenta la importancia de líderes cooperativistas quienes junto a obreros y campesinos se unieron para organizar cooperativas de solares y de hogares.[8] Suárez también detalla el rol de la Puerto Rico Reconstruction Administration en la organización de cooperativas.

Para 1945, las cooperativas comenzaron a utilizarse como una forma de hacer negocios o como instrumentos para resolver problemas económicos concretos, lo que se ha indetificado como una razón para que las cooperativas tendieran a desaparecer cuando las necesidades económicas eran satisfechas. En 1946 se aprobó la Ley General de Asociaciones Cooperativas en Puerto Rico que autorizó la organización de todo tipo de cooperativas; regulaba su organización, funcionamiento y disolución. Además, creó la Oficina del Inspector de Cooperativas en el Departamento de Agricultura y Comercio y creó el Departamento de Cooperativas anejado a la Extensión de Servicios de la Universidad de Puerto Rico. Según Suárez, esta ley produjo un aumento en el número de cooperativas, en sus miembros y en su volumen de trabajo, así como en la diversidad de tipos.[9] Entre todas, las cooperativas de crédito fueron las del crecimiento más rápido, pues proveía fuentes de crédito. Entre otras, se crearon cooperativas para el crédito agrícola y la producción industrial y las cooperativas de hogares.[10]

Fue en 1948 cuando se creó la primera cooperativa de vivienda de Puerto Rico “como un mecanismo para adquirir del Gobierno federal la propiedad de El Falansterio de Puerta de Tierra, construido en el 1936 por la Puerto Rico Reconstruction Administration”.[11] Durante la segunda mitad del siglo XX, se crearon alrededor de 20 cooperativas de vivienda, la mayoría de las cuales “no fueron mayormente auto-gestadas por sus socios, sino que fueron desarrolladas por el gobierno, a través de la entonces existente Administración de Fomento Cooperativo”.[12] Según Colón Morales, 16 de las 20 fueron creadas por Fomento Cooperativo, con un aproximado de “4,301 unidades habitacionales”.[13] Según explica, Fomento Cooperativo adquiría los terrenos, desarrollaba la construcción y subsidiaba (a través de subsidio federal) la renta de los socios y los intereses hipotecarios. Posteriormente, Fomento transfería la administración de la cooperativa a sus socios que a su vez eran cualificados a partir de sus necesidades socioeconómicas. Los socios administrarían las cooperativas según la reglamentación del Departamento de Vivienda y Urbanismo federal (HUD).[14]

Por su parte, la antropóloga Helen Safa, en su estudio etnográfico en los márgenes del Caño Martín Peña, relata que una de las pocas organizaciones que identificó en “Los Peloteros” (nombre que le dio al lugar de estudio) fue -además del Comité del partido- la cooperativa de vivienda. La cooperativa de vivienda identificada por Safa y sobre la cual algunos entrevistados le comentaron, fue creada por el gobierno en 1952 como alternativa para personas que no eran elegibles para vivienda pública.[15] Según Safa, el proyecto de cooperativas consistía en la construcción de una comunidad nueva en terrenos públicos que se le proveerían “al costo”. Se esperaba que los participantes usaran las casas viejas como pronto-pago para las nuevas construcciones y luego pagaran el restante a plazos mediante una hipoteca de la Federal Housing Administration (FHA). Safa describe el andamiaje de la cooperativa como uno con “marcados visos partidistas”.[16]

Safa detalla que las cooperativas de suelo encontraron varios tropiezos, entre ellos, el aumento en el costo original, la inestabilidad burocrática, pues el proyecto pasó de agencia en agencia, y la dificultad para las personas de conseguir la aprobación de préstamos hipotecarios. Para algunos de los entrevistados por Safa la cooperativa “fracasó”.[17] Por ejemplo, “Don Andrés” respondió lo siguiente a la pregunta de por qué la cooperativa había fracasado:

“Costumbre puertorriqueña, ustedes ven … Esta gente tan pronto logro su propósito exclusivo que buscaban que era su casa propia abandonaron la idea de la cooperativa. Se fueron a uno hasta que la cooperativa dejo de funcionar por completo y por mucho que he tratado de fomentar no lo he logrado”.[18]

Aún así, como señala la profesora Grisell Reyes, “el modelo cooperativo de vivienda en Puerto Rico ha tenido una gran importancia en la vida de muchos ciudadanos que pudieron adquirir una residencia digna en momentos de necesidad”.[19] En la sección de entrevistas contamos con el testimonio de la señora Conchita Concepción Serrano quien fue partícipe de los esfuerzos de una cooperativa de suelo.

—-1930s—-

El Nuevo Trato y la Puerto Rico Reconstruction Administration (PRRA)

Como parte de las políticas del Nuevo Trato implantadas por el Presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, éste nombró una comisión que produciría el Plan Chardón que entre sus recomendaciones figuraban políticas de redistribución de tierras. Como parte de la implantación, en 1935 se creó la Puerto Rico Reconstruction Administration (PRRA) (mediante Orden Ejectuiva del 28 de mayo). Las políticas de El Nuevo Trato suponían la intervención gubernamental en el desarrollo de viviendas, algo que comenzó a implantarse desde 1934 al amparo de la US Housing Act.

Como parte de la PRRA, aunque con impacto limitado, como señala el profesor James L. Dietz,[20] se electrificó la isla y se hicieron proyectos de vivienda rural y urbana que incluyeron la sustitución de viviendas de madera por cemento en áreas rurales, la relocalización de familias en fincas de cinco a diez acres y la construcción de proyectos urbanos como El Falansterio, el Caserío Miraflores (para inquilinos obreros seleccionados bajo el George Healy Act), y la urbanización Roosevelt.[21] Pero bajo la PRRA también se crearía la División de Erradicación de Arrabales, con todas las implicaciones de desplazamiento y nuevos asentamientos urbano que eso provocó.

La PRRA también suponía la posibilidad de finalmente implantar la Ley de los 500 acres, algo que se intentó mediante acciones de quo warranto contra centrales azucareras. No obstante, no es hasta 1936 que el director de la PRRA, Ernest Gruening acudió al Tribunal Supremo contra Rubert Hermanos Company (que era dueña de 12, 188 acres) que en 1938 sostuvo la validez de la Ley.[22] Los intentos de acciones legales y la implantación de la limitación de los 500 acres tuvieron un impacto muy limitado.

Dietz describe algunos logros de la PRRA que además de la electrificación, incluyeron la organización de “asociaciones de productores de cadé y frutas … la organización de una finca modelo de café en la Hacienda Castañer…(una mejoría) en el servisio de salud…un programa de reforestación y (una mejoría) en las facilidades rurales de educación”[23] y otros proyectos como el diseño y construcción de una fábrica de cemento que fue utilizada en el programa de Ayuda Mutua y Esfuerzo propio. Concluye Dietz que los programas de la PRRA fueron de carácter experimental y nunca superaron esa etapa y agotado el dinero a fines de la década del 30 los programas desaparecieron.[24]

Mientras los esfuerzos de la PRRA para construir viviendas para las familias más pobres de la ruralía y las áreas urbanas, en San Juan se construían para otro sector socioeconómico y bajo otros parámetros, las urbanizaciones de Puerto Nuevo, Condado, Ocean Park, Santa Rita, Baldrich, García y Ubarri, Floral Park, Hyde Park, University Gardens.[25]

—-1937—-

US Housing Act 1937

—-1938—-

La Autoridad de Hogares

La Ley Núm. 126 de 1938, Ley de Autoridades sobre Hogares, declaró un estado de necesidad pública en Puerto Rico y creó la Autoridad sobre Hogares de Puerto Rico, entidad pública que estaba facultada para llevar a cabo, adquirir y administrar proyectos de hogares; transferir terrenos a la Administración de Parques y Recreo Publico; e investigar las condiciones de vida, vivienda y hogares.

 Se fomentó la eliminación, redistribución y reconstrucción de las zonas donde existía este vivienda considerada precaria e insalubre y se declaraba política pública la facilitación de viviendas en condiciones necesarias a personas de pocos ingresos para las cuales se invertirían fondos públicos y se adquirirían propiedades. Estas zonas fueron definidas por la ley como “arrabales”.

La Autoridad de Hogares se creó al amparo de la entonces política de vivienda federal que creó una serie de programas dirigidos a atender las necesidades como consecuencia de la Gran Depresión. Esta institución -nos explicaba el arquitecto Federico del Monte en entrevista- junto con la Administración de Vivienda Pública, no se limitó a trabajar con comunidades rurales, sino que su labor se extendió a comunidades urbanas pobres. Es importante resaltar la distinción que hace la planificadora Lucilla Marvell Fuller entre los programas con subsidio público de los programas de vivienda pública.[26]

Con la venida de la Segunda Guerra Mundial, los programas cesaron sus labores y, para la década de 1950, la Autoridad de Hogares despareció como institución pública y fue desplazada por la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda (CRUV).

—1941—-

            La Ley Núm. 26 del 12 de abril de 1941, conocida como Ley de Tierras de Puerto Rico, según su propia exposición de motivos, tenía entre sus objetivos principales proveer predios para “agregados” y personas que carecieran de tierras donde enclavar su vivienda.

La Ley creó la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas encargada, entre otras cosas, de ceder en usufructo parcelas de terrenos a familias de agregados.

El Título V de la Ley de Tierras autorizó la realización de investigaciones que identificaran “los espacios más adecuados” donde puedan repartirse parcelas a familias de agregados[26] que deseen poseerlas para establecer sus hogares. Así mismo, el Art. 76[27] dispuso que la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas cedería en usufructo una parcela de terreno a los agregados, a quienes “se les otorgará un contrato que tendrá fuerza de ley”. De acuerdo con lo dispuesto,

el usufructuario no podrá, bajo pena de nulidad absoluta, vender, transferir, permutar, alquilar, ceder, asignar, arrendar ni en modo alguno enajenar o gravar en todo o en parte, el derecho de usufructo que se le conceda, ni la parcela de terreno sobre la cual se le conceda dicho derecho, ni las edificaciones, accesiones o mejoras existentes, o que en el futuro levante o introduzca en la misma, ni ningún derecho, título o privilegio derivado del contrato de usufructo

La violación a dicha disposición produciría la confiscación del derecho de usufructo a favor de la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas permitiéndole disponer de dicha parcela sin obligación de indemnizar a persona alguna por ningún concepto. Sin embargo, la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas, en el ejercicio de su discreción, podría autorizar expresamente y por escrito a un usufructuario a transferir, ceder, permutar o asignar su derecho de usufructo a otra persona que cualifique como usufructuario. Estas disposiciones también serán aplicables a los sucesores en título de los usufructuarios originales[28].

El Título VI creó un programa “para estimular el uso de la tierra y desarrollo de actividades rurales mediante la creación de fincas que permitan a las personas que las explotan alcanzar un nivel de vida adecuado”. El Secretario de Agricultura de Puerto Rico fue facultado para adjudicar predios mediante contratos de usufructo vitalicio, con el fin de que el usufructuario la cultive y conserve su forma y substancia. El contrato estará condicionado a: (1) que el usufructuario viva y trabaje la finca objeto del usufructo, en la cual no podrá construir más de dos viviendas[29]; (2) que el usufructuario cultive la finca, sobre la cual tendrá la libertad de seleccionar los cultivos a que se dedique y sin que pueda explotarla por medio de aparceros[30]; (3) que el usufructuario se obligue a conservar y mejorar la finca y a realizar cualquier práctica agrícola que le recomiende el Secretario de Agricultura[31]; (4) que el usufructuario no establezca en la finca industrias no agrícolas[32] sin el consentimiento previo del Secretario de Agricultura[33]; (5) que el usufructuario no construya edificaciones de carácter permanente en la finca sin la previa autorización del Secretario de Agricultura. Por último, tal como se dispone en el Título V, supra,

[e]l usufructuario no podrá vender, transferir, permutar, ceder, asignar, ni en modo alguno enajenar o gravar en todo ni en parte, el derecho de usufructo que se le concede, ni la finca sobre la cual se concede dicho derecho, ni las edificaciones, accesiones o mejoras existentes, o que en el futuro levante o introduzca en la misma, ni ningún derecho, título o privilegio derivado del contrato[.][34]

El inciso (h) del Art. 79-D[35] dispuso que: “el derecho de usufructo concedido se extinguirá por la muerte del usufructuario”[36] y enumera, además, una serie de excepciones en las cuales el Secretario de Agricultura, en el ejercicio de su discreción, extiende el derecho de usufructo más allá de la muerte del usufructuario. Esto es: (1) cuando el usufructuario fallezca dejando cónyuge sobreviviente[37], concediéndole a este el derecho de usufructo por sí, si no hubiere hijos, o por sí y en representación de los hijos menores del usufructuario, si los hubiere; (2) cuando el usufructuario fallezca sin dejar cónyuge sobreviviente, pero dejando hijos mayores de edad, concediéndole el derecho de usufructo a aquel de los mayores que reúna las cualidades necesarias; (3) cuando el usufructuario fallezca y no deje cónyuge sobreviviente ni hijos mayores de edad elegibles, pero sí hijos menores de edad, que estén debidamente representados de acuerdo con nuestras leyes; (4) cuando el usufructuario no deje cónyuge sobreviviente ni hijos, el usufructo de la finca revertirá al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con todas las mejoras, accesiones, plantaciones y construcciones hechas por el usufructuario, las cuales pasarán a ser de su propiedad, sin tener que pagar cantidad alguna por ello a ninguna persona. En estos casos, la persona a la cual el Secretario de Agricultura le conceda el derecho de usufructo quedará obligada a cumplir con todas las condiciones del contrato.

Otras condiciones dispuestas por el Art. 79-D, id, son: (1) que el usufructuario permita la inspección de la finca para determinar si se está cumpliendo con los términos del contrato o con cualquier práctica agrícola recomendada por el Secretario de Agricultura[38]; (2) que el usufructuario se obligue a no alterar ni permitir que se alteren los puntos de colindancia de la finca[39]; (3) que el usufructuario mantenga los derechos de servidumbre, franquicia, concesiones y permisos para beneficio de la finca[40]. Este artículo dispone, además, que el usufructuario no tendrá que practicar inventario alguno ni prestar fianza[41]; “que cuando el usufructuario haya satisfecho la cantidad pagada por el Secretario de Agricultura por la finca más sus intereses […] cesará su obligación de pagar [un]a cantidad semestral […] pudiendo desde entonces continuar usufructuando la finca”[42]; que “[l]os reglamentos del Secretario de Agricultura y las enmiendas que se introduzcan en lo sucesivo serán parte integrante del contrato”[43] y que la adjudicación del derecho de usufructo también podrá efectuarse también mediante certificaciones inscribibles en el Registro de la Propiedad expedidas por el Departamento de Agricultura[44].

—–1942——

Se crea la Junta de Planificación de Puerto Rico

—-1948—-

Como se expuso, la Ley de Tierras incluye entre sus disposiciones una prohibición de enajenar el derecho de usufructo. Sin embargo, esta no estaba incluida en la ley original y, como resultado, algunas de las parcelas terminaron en manos de personas que no eran agregados. Para evitar esto, la Asamblea Legislativa enmendó el Art. 76 de la ley mediante la Ley Núm. 44 de 9 de junio de 1948 con el propósito de incluir la prohibición de enajenar bajo pena de nulidad absoluta. La prohibición de enajenar el derecho de usufructo respondía a razones de orden público, pues se evitaba que el derecho pudiera ser adquirido por personas pudientes y se desvirtuara el propósito de la ley.

La Ley 44 de 1948 también creó la Administración de Programas Sociales del Departamento de Agricultura y Comercio bajo la cual se operaba el proyecto de Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio.

—1949—-       

Se crea la División de Educación de la Comunidad (DIVEDCO) del Departamento de Educación.

Ley de Vivienda Federal (Programa de Renovación Urbana)

—-1952—–

Constitución del Estado Libre Asociado de PR. Sección 20 del Artículo II (Carta de Derechos):

“El derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado que asegure para sí y para su familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.”

—-1957——   

Orden Ejecutiva Roberto Sánchez Vilella

La Ley Núm. 88 de 22 de junio de 1957 transfiere la Junta de Investigaciones sobre Vivienda de Puerto Rico a la Administración de Renovación Urbana y Vivienda. Se transfiere por Orden Ejecutiva del Gobernador interino Roberto Sánchez Vilella.

La Ley Núm. 112 de 1957 crea la Administración de Renovación Urbana y Vivienda (ARUV) y la Corporación para la Renovación Urbana y Vivienda (CRUV).

Según el arquitecto Federico del Monte, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron proyectos urbanos que tenían por objeto la erradicación de los arrabales. Como consecuencia, surgió un nuevo enfoque en el tema de vivienda pública y los programas dirigidos a la cesión de parcelas y desarrollo rural pasaron a un segundo plano. Así fue como se creó la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda (CRUV). Para entonces, la CRUV se encargaba de incentivar al sector privado para que desarrollara proyectos de vivienda pública para la clase media trabajadora y, de este modo, desplazar los arrabales. Este nuevo enfoque duró hasta mediados de la década de 1950. De acuerdo con la entrevista realizada al arquitecto, para este periodo también surgió un programa con un enfoque similar, el Federal Housing Administration que fue clave en la construcción de la urbanización de Puerto Nuevo. Este programa estaba, entre otras cosas, enfocado en los veteranos que regresaban de la guerra a Puerto Rico, pero no encontraban propiedades alternativas para comprar.

Lo que se conocía como el “Programa de Parcelas” pasó a la administración de la CRUV. Por tanto, la CRUV administraba tanto los programas para el desarrollo de vivienda pública como los programas de desarrollo rural. Así fue hasta finales de la década de 1950 e inicios de la década de 1960, cuando se produjeron nuevas políticas bajo la presidencia de Johnson.

En 1965, se creó el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, mejor conocido como HUD. Por una parte, la HUD administraba todo el componente urbano, mientras que la Farmer Home se encargaba de todo el componente rural. En Puerto Rico comenzaron a llegar fondos para distintos programas. Y, en este sentido, aquellos fondos recibidos por la HUD eran administrados por la CRUV, mientras que los recibidos por la Farmer Home eran administrados por el Departamento de Agricultura. Aun así, las parcelas continuaban siendo propiedad de la CRUV.

De la Opinión del Secretario de Justicia de Puerto Rico Número 1970-20 se desprende que el “Programa de Parcelas” o la Administración de Programas Sociales del Departamento de Agricultura y Comercio tenía como finalidad proveer solares al alcance económico de personas de escasos recursos en urbanizaciones con requisitos mínimos. A esos fines, la Administración de Programas Sociales estaba facultada para vender, arrendar, ceder en usufructo y/o traspasar en forma legal los solares formados en tales urbanizaciones a personas de escasos o moderados recursos, así como para disponer de los solares, en forma justa y sin discrimen, tomando en consideración los ingresos de las familias que habían de ocuparlos. Así pues, a la luz de tales disposiciones, la C.R.U.V. tenía la autoridad expresa para ceder parcelas en usufructo. Este usufructo gozaba de las mismas características que el usufructo concedido a los agregados por el Título V de la Ley de Tierras.

Las funciones relevadas a las autoridades sobre el hogar y a la Administración de Programas Sociales del Departamento de Agricultura y Comercio se traspasaron en 1957 a la CRUV por medio de la Ley Núm. 88 de 22 de junio de 1957. En resumen, la C.R.U.V. proviene de un conglomerado de leyes cuya política pública estaba anclada en la necesidad urgente de proveer viviendas a personas de recursos limitados.

En 1991 la CRUV fue eliminada por la Ley Núm. 55 de 9 de agosto de 1991.

Como explica la profesora Zaire Z. Dinzey Flores, la creación de la ARUV y de la CRUV “marcó el comienzo de un periodo en el cual la política pública de vivienda en Puerto Rico se formalizó y articuló con metas y métodos claros para alcanzar sus objetivos”.[46] Como explica Dinzey-Flores, la política estaba orientada a que cada familia se convirtiera en dueña de su propio hogar.

—1958—-

Portada en Doña Elena ProjectDe 1958 a 1963 se lleva a cabo Doña Elena Project (Coamo). Este proyecto fue piloto. Comunidad rural, pobre, personas no dueñas de tierras grandes, se atendieron 100 familias, participó la escuela y el Superintendente de escuelas, el área cubría hospital regional de Bayamón, había un Comité de Salud con representación de agencias del gobierno y representantes de cada barrio, área de cultivo de tabaco. (Ver más detalles aquí).

Ley Núm. 109 de 1958 enmienda la ARUV y la CRUV

La Administración de Programas Sociales comenzó un proyecto de vivienda en las comunidades de dos tipos: (1) programa para construcción de vivienda a familias que tenían su propia finca; (2) programa para adquisición de tierras, se dividían en lotes y se le otorgaban a quienes no tenían tierras bajo el programa del Título V de la Ley de Tierras (para comunidades rurales) (Ver detalles aquí).

—1960—-       

Ley Núm. 139 de 1960. Se crea Comisión para mejoras a comunidades aisladas de Puerto Rico a partir del Proyecto Piloto Doña Elena Project.

Notas

[1] Lucilla Fuller Marvel, Listen to What They Say, First Edition (San Juan, P.R: La Editorial, Universidad de Puerto Rico, 2008), 85.

[2] Luz Marie Rodríguez, «¡Atajar el Arrabal! Arquitectura y Cambio Social en la Vivienda Pública en San Juan», en San Juan Siempre Nuevo: arquitectura y modernización en el siglo XX (San Juan, P.R.: AACUPR, 2000), 84.

[3] Rodríguez, 83-84.

[4] Rodríguez, 83-84.

[5] Nelly Díaz Adorno, «Experiencia cooperativa en Puerto Rico: Desarrollo del cooperativismo de vivienda en Puerto Rico», en Ante el Movimiento Estudiantil Cooperativista adscrito al Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico (Río Piedras: Oficina de Servicios Legislativos, 2005), 1, http://www.oslpr.org/2009-2012/ponencias/A2VABASG.pdf.

[6] Luis A. Suárez, «Cooperatives in Puerto Rico: History, Problems and Research», Rural Sociology 18, n.o 3 (1953): 228.

[7] Suárez, 227.

[8] Díaz Adorno, «Experiencia cooperativa en Puerto Rico: Desarrollo del cooperativismo de vivienda en Puerto Rico», 2.

[9] Suárez, «Cooperatives in Puerto Rico: History, Problems and Research», 230.

[10] Suárez, 231.

[11] Grisell Reyes Nuñez, «La cooperativa de vivienda», Revista Entorno. Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico Año 7, n.o Volúmen 2 (2012): 61.

[12] Rubén Colón Morales, «La ruta autodestructiva del cooperativismo de vivienda puertorriqueño: el problema de la pérdida de la identidad cooperativa mediante la transformación de valores de uso en valores de cambio», Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, 2018, http://dx.doi.org/10.18543/baidc-52-2018pp19-46.

[13] Colón Morales, 22.

[14] Colón Morales, 22.

[15] Helen Icken Safa, Familias del arrabal: un estudio sobre desarrollo y desigualdad, 1. ed. (Río Piedras, P.B.: Editorial Universitaria, Universidad de Puerto Rico, 1980), 94.

[16] Safa, 94.

[17] Safa, 95.

[18] Safa, 95.

[19] Reyes Nuñez, «La cooperativa de vivienda», 61.

[20] James Dietz, Historia económica de Puerto Rico (San Juan, P.R.: Ediciones Huracán, 1986), 172-73.

[21] Rodríguez, «¡Atajar el Arrabal! Arquitectura y Cambio Social en la Vivienda Pública en San Juan», 89.

[22] Pueblo de Puerto Rico v. Rubert Hermanos, 53 D.P.R. 779 (1938).

[23] Dietz, Historia económica de Puerto Rico, 173.

[24] Dietz, 173.

[25] Sobre estos procesos de urbanización véase, Aníbal Sepúlveda, «Viejos cañaverales, casas nuevas: Muñoz versus el síndrome Long», en Luis Muñoz Marín. Perfiles de su Gobernación (San Juan, P.R.: Fundación Luis Muñoz Marín, 2003), 168-207; y Mary Frances Gallart, «Ahora seremos felices: Modelos de urbanizaciones en San Juan», en San Juan Siempre Nuevo: arquitectura y modernización en el siglo XX (San Juan, P.R.: AACUPR, 2000), 30-73.

[26] Lucilla Fuller Marvel, Listen to What They Say, ed. La Editorial y Universidad de Puerto Rico, First Edition (San Juan, P.R: La Editorial, Universidad de Puerto Rico, 2008), 112.

[27] El artículo 78 (28 L.P.R.A. § 555) define el concepto de “agregado” de la siguiente forma:

todo jefe de familia y aquellas personas solas que cualifiquen que residan en la zona rural, cuyo hogar se encuentre en casa y terreno ajenos o en casa propia levantada en terreno ajeno, cuyo único medio de vida sea el trabajo a jornal devengado en faenas agrícolas, que sea una familia de escasos recursos económicos y que no posea terreno en calidad de dueño

[28] 28 L.P.R.A. § 553

[29] Id.

[30] 28 L.P.R.A. § 584a

[31] 28 L.P.R.A. § 584b

[32] 28 L.P.R.A. § 584c

[33] Entiéndase, tiendas, colmados, cafetines, cantinas, bazares, talleres, etc.

[34] 28 L.P.R.A. § 584e

[35] 28 L.P.R.A. § 584d

[36] Id.

[37] 28 L.P.R.A. § 584h

[38] “Se considerará como cónyuge sobreviviente a la persona que viva maritalmente con el parcelero al tiempo de su fallecimiento, sean o no casados legalmente”. 28 L.P.R.A. § 584h

[39] 28 L.P.R.A. § 584i

[40] 28 L.P.R.A. § 584k

[41] 28 L.P.R.A. § 584l

[42] 28 L.P.R.A. § 584j

[43] 28 L.P.R.A. § 584m

[44] 28 L.P.R.A. § 584n

[45] 28 L.P.R.A. § 584q

[46] Zaire Zenit Dinzey-Flores, «Temporary Housing, Permanent Communities», Journal of Urban History 33, n.o 3 (2007): 474.